Un paro de Liga poco comprensible
La LFP anunciaba hace unas semanas un paro de Liga para el fin de semana del 2 y 3 de abril. Ayer se corroboraba y al parecer se va a llevar a cabo. No se queda ahí la cosa pues también ‘amenazan’ con que la próxima Liga no se iniciará. El paro resulta poco comprensible si tenemos en cuenta las reivindicaciones externas, sin previamente haberse solucionado las internas, para que realmente exista una mejor Liga en España. Comenzando, por ejemplo, porque sea una Liga de 18 equipos y no de 20 por lo que, a día de hoy, con 10 partidos por jornada –con uno en abierto– sería equiparable a una Liga con 9 partidos por jornada y todos en cerrado. Resulta cuanto menos curioso como la LFP pone como ejemplo a las grandes ligas europeas, ligas mucho más competidas y atractivas que la española, y no precisamente porque se ofrezca o se deje de ofrecer un partido en abierto.
Si finalmente se lleva a cabo este aplazamiento de jornada –huelga, cierre empresarial o como se quiera llamar– la LFP, por un lado, perjudica a su propio campeonato: es incomprensible que haya tres semanas de diferencia entre la penúltima y última jornada. Además, lo que se está mostrando es una patente desunión pues, si bien la mayoría de los clubes sí aboga por ese paro, otro buen número de éstos se muestra en contra. No es que no haya unanimidad –algo que sería comprensible– sino que se entrevén posturas bastante dispares en lo que al anunciado paro se refiere.
El objetivo de todo ello es el de siempre: tener mayores ingresos por el producto. La mayor reivindicación de la LFP es que deje de ser imperativo legal la emisión de un partido en abierto. Ese obligatoriedad se impuso en el año 1997, con la llamada ‘Ley Cascos’. Quedó obsoleta y se cambió. Concretamente esa Ley quedó en un segundo plano el año pasado, en 2010, cuando entró en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Y, guste o no, en su artículo 20.1.e, se indica que un partido de 1ª División por jornada podrá ser declarado de interés general y, por lo tanto, ser emitido en abierto. Y, tal y como están las cosas en España, no parece que deba ser obligación del Gobierno ponerse a reformar una Ley Audiovisual que ni siquiera lleva un año en vigor.
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